Proyecto minero amenaza a cuatro comunidades de pirquineros cerca de Illapel

Por Cristian Sotomayor y Jimmi Núñez / El Ciudadano

Plan de Hornos es un fundo ubicado a 30 km al norte de Illapel, en él hay cuatro comunidades: La Yesera, Rabanales, Rincón del Romero y Quebrada Grande. Todas ellas se dedican principalmente a la minería artesanal de oro y cobre, y han habitado en ese lugar por ocho generaciones. Hoy corren el riesgo de ser expulsadas por el proyecto minero privado El Espino.

Antiguamente todo este territorio era administrado en forma de fundo agrícola, en donde las familias arrendaban un pedazo de tierra con derecho a explotarla, a extraer leña y agua y a criar animales, principalmente caballos y cabras a campo abierto. En los años 90, y con la muerte de Amanda Villarroel, la propiedad de la hacienda pasó a manos de una sociedad minera y comercial, la que prontamente vendió sus derechos a Guillermo Delgado Vergara.

Aquí es donde comenzó el problema; desde que se hizo propietario del fundo, Delgado ha tratado de expulsar a la gente o ha intentado imponer reglas medievales para la administración. De hecho llevó hasta la Corte de Apelaciones una solicitud de anulación de las organizaciones vecinales. Este personaje cambió la forma de administración de las tierras e impuso nuevas y estrictas reglas sobre la permanencia en el fundo.

Este hombre se llamaba Óscar González…pirquinero y artesano autodidacta.
Murió de pena al verse engañado por Guillermo Delgado, quien se aprovechó de que el anciano no podía leer para quitarle la propiedad de la mina Rachel, que es justamente el centro del yacimiento El Espino.
Nadie ya se acuerda de cuánto resistió a la ambición de Delgado; nadie recuerda que en su casa atesoró la cultura minera de la zona. Nadie recuerda que convirtió su casa en un museo, el cual está amenazado por la ambición de los poderosos.

El principal objetivo de Delgado era concentrar la propiedad minera en torno a un importante yacimiento de cobre: El Espino. Durante todos estos años logró hacerse de la propiedad del mismo y, mediante diversos acuerdos -y luego de varios estudios geológicos-, llegó a un convenio con Explorator Resources, compañía canadiense con socios chilenos, como el abogado Antonio Ortúzar.

Con esta empresa se iniciaron las exploraciones más extensas y más invasivas en todo el territorio; se efectuaron más de 40.000 metros de sondajes y estudios geofísicos, geoquímicos y otros, que permitieron demostrar recursos por 123,011 millones de toneladas, con mineralización de cobre, oro y plata, y con leyes medias sobre 1,0 % de Cu equivalente (www.dygsa.cl).

En ese lugar se pretende construir una planta de procesamiento de minerales “con una capacidad anual estimada de 25 mil toneladas de cátodos de cobre, además de oro”. Una planta de estas dimensiones, justo en uno de los valles afluentes del río Illapel, implica la generación de miles de toneladas de desechos industriales.

A la llegada de Explorator Resources al proyecto El Espino, mantuvo los contratos con los pirquineros que existían en sus pertenencias mineras; eso hasta marzo-abril del presente año, fecha en la cual no se les renovaron los derechos de explotación de pequeños pirquenes. Esto implica la salida de los mineros y la pérdida de al menos 60 plazas de trabajo.

En las últimas semanas el proyecto pasó a control de Pucobre (Sociedad Punta del Cobre S.A.), de propiedad de los grupos Hurtado Vicuña -dueña a su vez de Entel- y Fernández León. Lo primero que pasó fue que se reiniciaron los sondajes; además de eso -y una de las situaciones más graves- es que la minera cerró todas las labores de los pirquineros que trabajaban en Rabanales, dejando sin trabajo a más de 60 familias del lugar.

Esta situación se contradice con la nueva actitud tomada por la empresa, que hace unas semanas se reunió con la comunidad más cercana a las exploraciones con el fin de establecer “nuevas relaciones” entre empresa y comunidad. En esa oportunidad se manifestaron intenciones de cooperación y de irrupción mínima en la vida de los habitantes; sin embargo, se cerraron sus fuentes de trabajo.

Para entender todo esto es necesario saber que los trabajos de los pirquineros se sitúan a poca profundidad y con bajos tonelajes de extracción (piques y socavones no mayores a 200 m y extracciones no mayores a las 200 toneladas mensuales por faena). La forma más habitual de trabajo se dá en un sistema en que el obrero se asocia con el dueño de la mina, repartiéndose las ganancias entre ambos.
El trabajo al pirquén es de minería artesanal, difícilmente comprendido por técnicos prevencionistas letrados, quienes ven riesgos en faenas que los mineros conocen a la perfección y en donde el nivel de extracción no genera impacto directo sobre el medio ambiente, como sí lo hacen las faenas de sondaje.

Hacia la marginalidad urbana

Además de todo esto, desde el año 2000 aproximadamente funcionó el Programa Chile Barrio en las cuatro localidades mencionadas. Este programa prometió mejorar las condiciones de vida de las familias; sin embargo, se encontraron con la renuencia de Delgado a vender terrenos para la gente y con el manejo político de la municipalidad de Illapel, especialmente de quien era su alcalde: Luis Lemus Aracena. De esta forma el programa terminó sólo con la construcción de viviendas básicas en la periferia de Illapel (Villa Asiento Viejo), con lo cual el dueño del fundo tuvo todas las facilidades para presionar a la gente para abandonar los lugares que habían habitado por generaciones.

Así nos encontramos con la situación actual, en donde la empresa propietaria del proyecto presiona constantemente para que las familias abandonen sus tierras. El Estado no hace nada, la municipalidad no hace nada y las comunidades de pirquineros están prácticamente solas, con la angustia de ser obligadas a trasladarse hacia la marginalidad urbana. Una carta que publicaron el año pasado dice así:

“Nuestra familias serán erradicadas y ahí sí seremos pobres. No tendremos tierra para sembrar ni para criar cabras. Ya no habrá huesillos, ni queso, ni leche. Tendremos que pagar por el agua, por la luz, por el gas, apenas cabremos en esas casas. Pero eso a nadie le importa, no tendremos nada, ni siquiera tendremos pasado para mostrarle a nuestros hijos. Ya no habrá más pan amasado, no habrá trillas, ni habrá chancho”.
“Tendremos que ir a comprar a Illapel y si no hay plata, no comprar nada. Ni siquiera nuestras casas valen allá. Todo esto pasa porque somos pobres, porque somos huasos, no tenemos derecho. Ni siquiera el Estado nos respeta, nos ha tratado como animales, sin voz ni voto. Nos han amenazado con dejarnos sin eso que ellos llaman casa, nos han tratado como a ignorantes, todo por la ambición de algunos, porque los proyectos mineros no sirven si hay gente”.

“Lo peor es que hacen como si no existiéramos, nadie fiscaliza a las empresas que están explotando El Espino. Destruyen árboles que cuidamos y plantamos y ensucian la poca agua que va quedando. Para el dueño del fundo no somos más que un estorbo; en su web no dice que estamos ahí y ahora amenaza a la gente de Farellón Sánchez. Somos pobres y seremos más pobres cuando vivamos amontonados en Asiento Viejo, como pobres ni siquiera tenemos nombre, no tenemos rostros, no tenemos pasado, moriremos… ya estamos muertos”.

A toda esta situación se suma el actuar de Pilar Aguirre, secretaria y encargada de relaciones públicas de la empresa en Illapel, quien prácticamente ha infiltrado a las organizaciones de la población Plan de Hornos–Villa Asiento Viejo (lugar donde se construyeron las viviendas del programa Chile Barrio en el margen de Illapel). Y quien, además, continuamente y mediante amenazas de desalojo ha hostigado a quienes han decidido permanecer en sus tierras originarias. Para esto se ha servido de la compra que ha hecho la empresa de un terreno para la construcción de casas, mediante subsidios del Estado, para quienes no se integraron al programa Chile Barrio. Esta persona ha solicitado a los postulantes firmar una carta para que una vez construidas las casas dejen de inmediato sus viviendas en el campo.

Fuente: El Ciudadano

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