Introducción e Índice al libro "País Virtual", de Julián Alcayaga O.
Submitted by Admin on 2 November, 2009 - 18:18
Han pasado doce años de su firma y nueve desde su validación definitiva por el Congreso Nacional, y ni una sola tonelada de cobre argentino ha salido por Chile. Tampoco pudo concretarse el País Virtual, que es la razón principal por la que Pascua-Lama no ha podido construirse. Sólo pudo concretarse el levantamiento de las restricciones a la propiedad extranjera en las zonas fronterizas.
¿Qué pasó y cuáles son las razones por las que el Tratado Minero, tan minuciosamente preparado, no pudo cumplir sus objetivos?. Apareció en escena un factor hasta entonces no considerado por las transnacionales mineras ni por los gobiernos chileno y argentino. Trece senadores chilenos presentaron un Requerimiento ante el Tribunal Constitucional, entidad que dictaminó, en octubre de 2000, que los tribunales chilenos no podían acordar servidumbres de paso por Chile a yacimientos mineros que se situaban fuera del territorio nacional y que la Comisión Administradora del Tratado no tenía facultades jurisdiccionales. Esa es la razón por la que ni una sola tonelada de mineral de la cordillera argentina ha podido salir por puertos chilenos.
Desde sus inicios, tanto en Chile como en Argentina, los medios de comunicación apoyaron con entusiasmo el tratado minero. Lo presentaban como un gran instrumento para la integración y amistad de ambos países. Las dos naciones no podían sino ver con simpatía un convenio que favorecería el acercamiento de pueblos unidos desde ya por una larga frontera, lazos de lengua, cultura e históricos, que datan desde la lucha por la Independencia de España.
Los autores del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, quisieron manipular la natural e histórica voluntad integradora de ambos pueblos, para hacer creer que este Tratado Minero constituía una contribución al noble propósito ya manifestado en el amanecer de nuestras repúblicas por José de San Martín y Bernardo O’Higgins, lo cual se traduciría en una actitud de aceptación o resignación DE LA CIUDADANÍA a la puesta en marcha de este proyecto.
Era muy difícil encontrar chilenos o argentinos que se opusieran a priori, salvo aquéllos que estudiaron con atención y que se percataron que la supuesta “integración” era sólo un pretexto para ocultar su objetivo esencial: la creación de un país virtual con pérdida de soberanía en la cordillera para ambas naciones.
Los gestores empresariales y políticos del Tratado, quisieron darle un novísimo e inédito marco jurídico supranacional a la utilización PARCIAL de los territorios limítrofes de ambos países. Gracias a las facultades otorgadas a la Comisión Administradora, este vasto territorio quedaría a disposición de las grandes transnacionales mineras que ya eran las propietarias de todos los yacimientos de cierta importancia en Argentina y de la mayoría de las minas chilenas.
Si bien para Argentina este acuerdo podía tener una justificación económica (por la salida al Pacífico para sus yacimientos), para Chile no tenía ningún interés económico, puesto que no necesita sacar sus minerales por el Atlántico. Más aún, no requiere absolutamente nada de Argentina o de cualquier otro país vecino, para desarrollar su minería. La nueva producción minera argentina, gracias al tratado, solo presentaba desventajas para Chile.
Hasta 1989, las empresas extranjeras instaladas en Chile producían alrededor de 220 mil toneladas de cobre fino, equivalente al 13,2% de la producción nacional; el resto era producido por las estatales Codelco y ENAMI.
Diez años más tarde, en 1999, cuando el Tratado Minero Chileno-Argentino fue aprobado por la Cámara de Diputados de Chile, las mineras foráneas producían 2.876.000 toneladas de cobre fino, casi 14 veces más que en 1989, lo que representaba el 66 % de la producción chilena. Este extraordinario incremento generó una importante sobreproducción mundial del metal rojo, que hizo caer su precio a menos de la mitad del existente en 1989. Los ingresos que el Fisco recibía de esta actividad (en dólares de 1999), pasaron de 2.230 millones de dólares en 1989, a sólo 320 millones de dólares en 1999. Es decir, ocho veces menos ingresos produciendo tres veces más. Estas negativas cifras, que podían agravarse aún más con la entrada en escena de la producción argentina, motivaron la reacción de un grupo numeroso de intelectuales y líderes sociales y políticos chilenos quienes se decidieron a actuar para impedir la consumación de dicho proyecto lesivo a la soberanía nacional.
Hacia 1989, en Argentina existían sólo cuatro empresas mineras extranjeras. Pero al año siguiente, tras el repliegue de los militares chilenos a sus cuarteles, las multinacionales mineras comenzaron a comprar la casi totalidad de los yacimientos de la cordillera argentina, que en ese tiempo tenían un bajo valor comercial, ya que no era rentable sacar esos minerales recorriendo más de mil kilómetros hasta alcanzar los puertos del Atlántico. Pese a esta dificultad, las transnacionales empezaron a adquirir las minas, con la seguridad de que, en un futuro cercano, podrían exportar los minerales por Chile. Así, en 1993, cuando la casi totalidad de los yacimientos argentinos había pasado a manos de las transnacionales, éstas lanzaron su ofensiva para lograr que los poderes formales e informales de la República de Chile aprobaran los instrumentos legales que permitieran sacar el cobre trasandino por el Océano Pacífico.
Pero este tratado incluyó también la parte sur de la cordillera, donde no existen yacimientos mineros, pero sí las mayores fuentes de agua dulce del país, lo que permitía a las empresas transnacionales mineras el dominio jurisdiccional y administrativo sobre un territorio cercano a los 342 mil kilómetros cuadrados –casi del tamaño de Paraguay–. Incluir el sur, era un claro indicio de que las transnacionales perseguían un objetivo que iba más allá de los puros recursos mineros, para alcanzar objetivos estratégicos y geopolíticos de considerable importancia. La audaz idea de crear “un país virtual” en todo el territorio fronterizo chileno y argentino, espacio que contaría con su propio gobierno (la Comisión Administradora), al cual se le otorgaban atribuciones jurisdiccionales y legislativas que le permitían ampliar la aplicación del tratado, generando su propia constitución política, llamada “Reglamento Interno”, es funcional a la necesidad de las grandes corporaciones transnacionales que buscan prescindir de las barreras fronterizas y reclamaciones de soberanía por parte de los países en que OPERAN.
De ahí que, por una “omisión” impresentable, el Tratado no estableció los términos de referencia para el citado Reglamento Interno de la Comisión Administradora, dejando en manos de ésta la decisión acerca de su funcionamiento, designación y revocación de sus miembros, financiamiento, etc., sin que fuera necesaria la aprobación de los gobiernos y parlamentos de Chile y Argentina. En los hechos, se legitimaba un territorio autónomo entre ambos países, que llamamos “virtual” porque existía sólo como creación jurídica; pero que les permitía explotar sin cortapisas las riquezas de los territorios chileno y argentino. Sin embargo, aunque la apariencia refiere un “territorio virtual” binacional, en la práctica el aporte principal corresponde a Chile, que se obligó a facilitar el resto de su territorio para que las transnacionales del lado argentino (del “territorio virtual”) exportaran minerales usando nuestra infraestructura vial, portuaria y administrativa, y obtener con ello ganancias colosales en lejanos paraísos fiscales donde se domicilian las empresas que aportarían el financiamiento y la comercialización de los concentrados trasandinos salientes por los puertos chilenos.
Pero, como veremos en el curso de esta investigación, el plan de crear un “país virtual” en la cordillera chileno-argentina se frustró luego que el Tribunal Constitucional en Chile dictaminó que la Comisión Administradora no tendría facultades jurisdiccionales.
El fracaso en la implementación del tratado derivó en un inesperado beneficio para nuestro país, ya que la no explotación de los yacimientos argentinos puso freno a la sobreoferta de cobre en los mercados mundiales, influyendo así en un aumento en el precio del metal rojo y, por ende, de los ingresos del Fisco chileno.
Organizar y obtener el apoyo necesario para recurrir al Tribunal Constitucional, sólo fue posible gracias al apoyo decidido del presidente de la Comisión de Minería del Senado de la época, senador Jorge Lavandero, a la participación activa de los senadores institucionales Jorge Martínez Busch y Fernando Cordero, y también por la participación del senador institucional Augusto Parra.
El dictamen del Tribunal Constitucional se convirtió, en la práctica, en una gran derrota para las transnacionales mineras y sus intereses en todo el mundo, cuestión que es profundizada y esclarecida en sus alcances económicos, jurídicos y políticos, en las páginas siguientes.
De esta forma, el estudio y difusión de este libro puede ser una valiosa contribución para que los pueblos latinoamericanos fortalezcan su lucha por la defensa de sus recursos naturales, apoyándose en los escasos instrumentos jurídicos que se lo permiten y, principalmente, en su fuerza plural y unitaria, con la que podrán alcanzar los mayores logros en pos de su bienestar, su libertad y soberanía.
Han pasado doce años de su firma y nueve desde su validación definitiva por el Congreso Nacional, y ni una sola tonelada de cobre argentino ha salido por Chile. Tampoco pudo concretarse el País Virtual, que es la razón principal por la que Pascua-Lama no ha podido construirse. Sólo pudo concretarse el levantamiento de las restricciones a la propiedad extranjera en las zonas fronterizas.
¿Qué pasó y cuáles son las razones por las que el Tratado Minero, tan minuciosamente preparado, no pudo cumplir sus objetivos?. Apareció en escena un factor hasta entonces no considerado por las transnacionales mineras ni por los gobiernos chileno y argentino. Trece senadores chilenos presentaron un Requerimiento ante el Tribunal Constitucional, entidad que dictaminó, en octubre de 2000, que los tribunales chilenos no podían acordar servidumbres de paso por Chile a yacimientos mineros que se situaban fuera del territorio nacional y que la Comisión Administradora del Tratado no tenía facultades jurisdiccionales. Esa es la razón por la que ni una sola tonelada de mineral de la cordillera argentina ha podido salir por puertos chilenos.
Desde sus inicios, tanto en Chile como en Argentina, los medios de comunicación apoyaron con entusiasmo el tratado minero. Lo presentaban como un gran instrumento para la integración y amistad de ambos países. Las dos naciones no podían sino ver con simpatía un convenio que favorecería el acercamiento de pueblos unidos desde ya por una larga frontera, lazos de lengua, cultura e históricos, que datan desde la lucha por la Independencia de España.
Los autores del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, quisieron manipular la natural e histórica voluntad integradora de ambos pueblos, para hacer creer que este Tratado Minero constituía una contribución al noble propósito ya manifestado en el amanecer de nuestras repúblicas por José de San Martín y Bernardo O’Higgins, lo cual se traduciría en una actitud de aceptación o resignación DE LA CIUDADANÍA a la puesta en marcha de este proyecto.
Era muy difícil encontrar chilenos o argentinos que se opusieran a priori, salvo aquéllos que estudiaron con atención y que se percataron que la supuesta “integración” era sólo un pretexto para ocultar su objetivo esencial: la creación de un país virtual con pérdida de soberanía en la cordillera para ambas naciones.
Los gestores empresariales y políticos del Tratado, quisieron darle un novísimo e inédito marco jurídico supranacional a la utilización PARCIAL de los territorios limítrofes de ambos países. Gracias a las facultades otorgadas a la Comisión Administradora, este vasto territorio quedaría a disposición de las grandes transnacionales mineras que ya eran las propietarias de todos los yacimientos de cierta importancia en Argentina y de la mayoría de las minas chilenas.
Si bien para Argentina este acuerdo podía tener una justificación económica (por la salida al Pacífico para sus yacimientos), para Chile no tenía ningún interés económico, puesto que no necesita sacar sus minerales por el Atlántico. Más aún, no requiere absolutamente nada de Argentina o de cualquier otro país vecino, para desarrollar su minería. La nueva producción minera argentina, gracias al tratado, solo presentaba desventajas para Chile.
Hasta 1989, las empresas extranjeras instaladas en Chile producían alrededor de 220 mil toneladas de cobre fino, equivalente al 13,2% de la producción nacional; el resto era producido por las estatales Codelco y ENAMI.
Diez años más tarde, en 1999, cuando el Tratado Minero Chileno-Argentino fue aprobado por la Cámara de Diputados de Chile, las mineras foráneas producían 2.876.000 toneladas de cobre fino, casi 14 veces más que en 1989, lo que representaba el 66 % de la producción chilena. Este extraordinario incremento generó una importante sobreproducción mundial del metal rojo, que hizo caer su precio a menos de la mitad del existente en 1989. Los ingresos que el Fisco recibía de esta actividad (en dólares de 1999), pasaron de 2.230 millones de dólares en 1989, a sólo 320 millones de dólares en 1999. Es decir, ocho veces menos ingresos produciendo tres veces más. Estas negativas cifras, que podían agravarse aún más con la entrada en escena de la producción argentina, motivaron la reacción de un grupo numeroso de intelectuales y líderes sociales y políticos chilenos quienes se decidieron a actuar para impedir la consumación de dicho proyecto lesivo a la soberanía nacional.
Hacia 1989, en Argentina existían sólo cuatro empresas mineras extranjeras. Pero al año siguiente, tras el repliegue de los militares chilenos a sus cuarteles, las multinacionales mineras comenzaron a comprar la casi totalidad de los yacimientos de la cordillera argentina, que en ese tiempo tenían un bajo valor comercial, ya que no era rentable sacar esos minerales recorriendo más de mil kilómetros hasta alcanzar los puertos del Atlántico. Pese a esta dificultad, las transnacionales empezaron a adquirir las minas, con la seguridad de que, en un futuro cercano, podrían exportar los minerales por Chile. Así, en 1993, cuando la casi totalidad de los yacimientos argentinos había pasado a manos de las transnacionales, éstas lanzaron su ofensiva para lograr que los poderes formales e informales de la República de Chile aprobaran los instrumentos legales que permitieran sacar el cobre trasandino por el Océano Pacífico.
Pero este tratado incluyó también la parte sur de la cordillera, donde no existen yacimientos mineros, pero sí las mayores fuentes de agua dulce del país, lo que permitía a las empresas transnacionales mineras el dominio jurisdiccional y administrativo sobre un territorio cercano a los 342 mil kilómetros cuadrados –casi del tamaño de Paraguay–. Incluir el sur, era un claro indicio de que las transnacionales perseguían un objetivo que iba más allá de los puros recursos mineros, para alcanzar objetivos estratégicos y geopolíticos de considerable importancia. La audaz idea de crear “un país virtual” en todo el territorio fronterizo chileno y argentino, espacio que contaría con su propio gobierno (la Comisión Administradora), al cual se le otorgaban atribuciones jurisdiccionales y legislativas que le permitían ampliar la aplicación del tratado, generando su propia constitución política, llamada “Reglamento Interno”, es funcional a la necesidad de las grandes corporaciones transnacionales que buscan prescindir de las barreras fronterizas y reclamaciones de soberanía por parte de los países en que OPERAN.
De ahí que, por una “omisión” impresentable, el Tratado no estableció los términos de referencia para el citado Reglamento Interno de la Comisión Administradora, dejando en manos de ésta la decisión acerca de su funcionamiento, designación y revocación de sus miembros, financiamiento, etc., sin que fuera necesaria la aprobación de los gobiernos y parlamentos de Chile y Argentina. En los hechos, se legitimaba un territorio autónomo entre ambos países, que llamamos “virtual” porque existía sólo como creación jurídica; pero que les permitía explotar sin cortapisas las riquezas de los territorios chileno y argentino. Sin embargo, aunque la apariencia refiere un “territorio virtual” binacional, en la práctica el aporte principal corresponde a Chile, que se obligó a facilitar el resto de su territorio para que las transnacionales del lado argentino (del “territorio virtual”) exportaran minerales usando nuestra infraestructura vial, portuaria y administrativa, y obtener con ello ganancias colosales en lejanos paraísos fiscales donde se domicilian las empresas que aportarían el financiamiento y la comercialización de los concentrados trasandinos salientes por los puertos chilenos.
Pero, como veremos en el curso de esta investigación, el plan de crear un “país virtual” en la cordillera chileno-argentina se frustró luego que el Tribunal Constitucional en Chile dictaminó que la Comisión Administradora no tendría facultades jurisdiccionales.
El fracaso en la implementación del tratado derivó en un inesperado beneficio para nuestro país, ya que la no explotación de los yacimientos argentinos puso freno a la sobreoferta de cobre en los mercados mundiales, influyendo así en un aumento en el precio del metal rojo y, por ende, de los ingresos del Fisco chileno.
Organizar y obtener el apoyo necesario para recurrir al Tribunal Constitucional, sólo fue posible gracias al apoyo decidido del presidente de la Comisión de Minería del Senado de la época, senador Jorge Lavandero, a la participación activa de los senadores institucionales Jorge Martínez Busch y Fernando Cordero, y también por la participación del senador institucional Augusto Parra.
El dictamen del Tribunal Constitucional se convirtió, en la práctica, en una gran derrota para las transnacionales mineras y sus intereses en todo el mundo, cuestión que es profundizada y esclarecida en sus alcances económicos, jurídicos y políticos, en las páginas siguientes.
De esta forma, el estudio y difusión de este libro puede ser una valiosa contribución para que los pueblos latinoamericanos fortalezcan su lucha por la defensa de sus recursos naturales, apoyándose en los escasos instrumentos jurídicos que se lo permiten y, principalmente, en su fuerza plural y unitaria, con la que podrán alcanzar los mayores logros en pos de su bienestar, su libertad y soberanía.
Organizar y obtener el apoyo necesario para requerir por inconstitucionalidad al Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, solo fue posible gracias al apoyo decidido del presidente de la Comisión de Minería del Senado de la época, senador Jorge Lavandero, de la participación activa de los senadores institucionales Jorge Martínez Busch y Fernando Cordero, y también de la participación del senador institucional Augusto Parra, que sin querer fue el inspirador del Requerimiento ante el Tribunal Constitucional. A la postre, el Tratado Minero entre Chile y Argentina, se convirtió en la primera derrota que han sufrido las transnacionales mineras en Chile, y seguramente en el mundo, derrota que sufrieron exclusivamente gracias al requerimiento constitucional patrocinado por 13 senadores chilenos, derrota que ha sido silenciada por los medios de comunicación y por lo tanto desconocen los pueblos de Chile y Argentina, y uno de los objetivos de este libro es precisamente de darlo a conocer.
Tres Videos sobre este tema:
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luis general
Ojalá llegue el libro al Bibliometro.
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